Luis Navarro, Académico Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello

El SIMCE 2023 reveló una importante mejora de aprendizajes postpandemia, destacando el avance de los 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funciones a lo largo del país. Comprensiblemente se ha dicho que habría acá una evidencia de que es correcta la dirección de la reforma de la educación pública. 

En verdad, para convencer al país de que este SIMCE no fue cuestión de suerte, es preciso evitar caer en causalidades fáciles y analizar los factores asociados con los resultados, diferenciando los puntos de partida y camino recorrido por cada SLEP. Junto con ello, deben consolidar las buenas prácticas de liderazgo y gestión pedagógica pues, en rigor, la triple misión de elevar la matrícula, la asistencia y los aprendizajes no tiene aún suficientes indicios de éxito. 

Asimismo, Atacama y Colchagua mantienen problemas que hacen difícil recomponer la confianza en la educación pública. Para acelerar el cambio se requiere avanzar en dos flancos. El primero desafía a los directivos de los nuevos SLEP porque el tradicional clientelismo en los municipios se ha extendido también a la nueva institucionalidad. El gobierno ha presentado un proyecto de ley para resolver estos lastres y poner los incentivos correctos. Una mejor regulación, sin embargo, no bastará. 

También falta mejorar la "fase cero", esto es, la etapa que resuelve desde las oficinas de los nuevos SLEP hasta la estrategia de instalación de procesos críticos, como el catastro y aseguramiento de las condiciones de operación de cada escuela, la generación de confianzas con actores locales y la preparación de la entrada a los establecimientos sincerando expectativas, posibilidades y limitaciones. 

Sin embargo, la "fase cero" tiene un gran obstáculo. Se trata del artículo tercero transitorio de la ley 21040, según el cual el SLEP tiene calidad de sostenedor solo desde la fecha en que los establecimientos de su dependencia han sido traspasados. Por consiguiente, entre el nombramiento de las nuevas autoridades y la administración efectiva de los establecimientos hay un periodo en que los directivos del SLEP, ya instalados en el territorio, no tienen injerencia (ni opinión) en tres procesos clave: a) el PADEM de cada comuna que establece la respectiva (sobre)dotación docente; b) el acceso a los recursos ministeriales y/o del gobierno regional para infraestructura; y c) la asignación de los recursos de subvención escolar preferencial (SEP), de los cuales dependen los planes de mejora educativa (PME) y el desarrollo estratégico de los proyectos educativos institucionales (PEI).  

Sin una adecuada instalación hay pocas oportunidades para el segundo flanco propiamente educativo y comunitario. Las familias que se acercan a la escuela se acercan al Estado y lo deben vivenciar en el buen trato y en la coordinación de los servicios que les interesan y requieren. No hay procesos pedagógicos efectivos sin una buena gestión de personas, infraestructura, tecnologías y recursos. De aquí la importancia de asegurar condiciones de operación que, en definitiva, son umbrales o garantías institucionales para enseñar, aprender y convivir.